De acuerdo al estudio “Global Risk Report 2019” realizado por Marsh Rehder, el “fraude de datos y robo de datos” es el cuarto riesgo con mayor probabilidad a nivel mundial, mientras que “los ataques cibernéticos” está situado como el quinto riesgo. Asimismo, más del 80% de encuestados considera que habrá un incremento de ataques cibernéticos que se traducirán el robo de dinero y datos, así como en la interrupción de operaciones.
Desde el 2016, la tecnología se ha venido desempeñando, de manera ininterrumpida, como uno de los sectores que conforma el panorama de los riesgos mundiales más importantes para individuos, gobierno y empresas. Y es que la preocupación sobre el fraude de datos y ataques cibernéticos ha puesto en evidencia otras vulnerabilidades tecnológicas.
“Más del 65% considera que las noticias falsas y robo de identidades aumentarán este año, mientras que el 60% opinaron lo mismo acerca de la pérdida de privacidad. En ese contexto, la encuesta realizada refleja cómo la profundización de la integración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida cotidiana, sea personal o profesional, está causando nuevas inestabilidades. En ese contexto,”, señaló Edson Villar, líder regional de las prácticas de Ciberseguridad de Marsh Rehder.
Evidencia de esta afirmación, es la presencia de vulnerabilidades cibernéticas que pueden provenir de direcciones imprevistas como, por ejemplo, debilidades en el hardware de un equipo, en lugar del software. Asimismo, existen pruebas continuas de que los ataques cibernéticos plantean riesgos a la infraestructura esencial.
“Hoy en día, los ataques a la infraestructura crítica, puede tornarse muy complejo, ya que puede detener un país, plantas eléctricas, etc. En el caso de Perú, donde existe un capital muy centralizado, se puede generar un impacto grande sobre toda la población”, destacó Villar.
Ante este contexto, Marsh Rehder plantea que tanto el sector público como privado deben hacer un trabajo muy fuerte para construir capacidades en términos de ciberseguridad. Esto implica que, en el sector privado no sólo las áreas correspondientes a seguridad y tecnología deben encargarse de ello; mientras que, el Estado debería aplicar un acompañamiento estricto en términos de regulación respecto la infraestructura crítica y monitoreo que permita detectar de manera temprano y tomar decisiones de manera coordinada.
