Durante las Fiestas Patrias de este año, el Gobierno publicó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (PNTD), un documento que presenta la hoja de ruta para la digitalización del Estado peruano mediante el impulso de la economía digital, la aceleración de la transformación del Estado con servicios digitales sencillos, la lucha contra la ciberdelincuencia y la garantía de la conectividad en todo el Perú, entre otros aspectos clave.
Según Ximena Bravo, Gerente Comercial del Sector Gobierno de CANVIA, uno de los objetivos clave de la PNTD es proporcionar a la ciudadanía la capacidad de desarrollarse integralmente en un entorno digital. «Entre los principales servicios públicos a los que debemos contribuir con esta transformación se encuentran aquellos relacionados con la educación, la salud y la seguridad», afirmó la vocera.
¿De qué manera se puede impulsar esta transformación? La experta indica que los retos del Gobierno para el 2024 están en la mejora del sector educación mediante la implementación de plataformas educativas en línea, el acceso a materiales de estudio, sistemas de registro y seguimiento académico en línea. En el caso del sector salud, se destaca la necesidad de citas médicas en línea, contar con expedientes médicos electrónicos, recetas digitales y acceso a información preventiva.
Otro de los grandes sectores que requiere una amplia mejora en los servicios es el de seguridad y justicia. Según el Índice Global del Crimen Organizado 2023 de la organización The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Perú se encuentra en el puesto 32 de 193 países en criminalidad, destacándose la presencia de delitos que abarcan el robo, tráfico de personas y armas, narcotráfico, extorsión, entre otros. Por ello, la portavoz de CANVIA recomienda la implementación de monitoreo de la seguridad pública, identificación facial a través de machine learning, acceso a información judicial, denuncias y seguimiento de casos criminales en línea.
Sin embargo, para poder alcanzar estas mejoras, se requiere que el Estado impulse y garantice que el proceso de digitalización sea inclusivo. La digitalización de estos servicios puede simplificar los trámites, proporcionar información en línea, ahorrar tiempo y costos, aumentar la transparencia y la eficiencia, y mejorar la accesibilidad para la población.
Para ello, es necesario que el Gobierno trabaje en convertir la brecha digital en una oportunidad digital para todos, especialmente para aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados. «Los ciudadanos del Perú deben contar con el acceso a nuevos canales digitales que les permita mejorar sus condiciones y beneficiarse del aprendizaje, trabajo, y servicios de salud, permitiéndoles vivir en el mundo digital independientemente de su nivel de educación o su acceso a la tecnología», puntualizó la vocera de CANVIA.
Finalmente, otro de los retos que deberá abordar el Gobierno actual es la confianza y seguridad digital. Según un informe de FortiGuard Labs, Perú fue objetivo de más de 3.000 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre del 2023. Para ello, será necesario implementar mecanismos de ciberseguridad que contribuyan a mejorar la confianza digital mediante la protección de datos personales. «El sector público maneja una gran cantidad de datos personales y sensibles, como registros de impuestos, información de salud y datos de identidad. Trabajar en la seguridad de la información, implementando medidas de seguridad robustas para proteger la información personal y financiera de cada peruano, así como garantizar que los estándares de seguridad cibernética sean cumplidos y regulados por un ente regulador del estado, contribuirán a que los ciudadanos confíen en que su información está protegida”, concluyó Ximena Bravo.
