Haciendo mi rutinaria revisión de noticias me encontré con la Editorial de el diario El Comercio publicada el día de hoy lunes 3 de febrero de 2014, en la cual se discute una parte importante para explicar la problemática sobre la velocidad de acceso a internet en el Perú. Me pareció interesante compartirla con ustedes para que aquellos que no la hayan visto puedan conocer parte de los problemas que enfrenta el desarrollo de la infraestructura de acceso a internet en el Perú. Aquí les dejo la editorial publicada en el diario El Comercio:
Editorial del diario El Comercio titulada: Velocidad de Tortuga
Como informamos ayer, el Perú se encuentra muy retrasado en la velocidad de navegación en Internet a la que acceden sus ciudadanos. En la región, solo superamos a Bolivia, y a escala mundial, únicamente a los países africanos de menos recursos.
Para entender la raíz del problema, tenemos que comprender primero que la velocidad a la que navegamos por Internet depende de la infraestructura que se usa para transmitir datos. Esta información viaja por cables o inalámbricamente por el espectro electromagnético (gracias a antenas) de forma similar a como los automóviles transitan usando una carretera. Y la razón por la que la velocidad de navegación en ocasiones es lenta es porque hay congestión. De hecho, cuando usted siente que las páginas web cargan a baja velocidad es porque la infraestructura mediante la que se transmiten los datos está viéndose saturada, como se satura por ejemplo la Panamericana Sur cuando el fin de semana una enorme cantidad de automovilistas quiere regresar al mismo tiempo de la playa.
De esta manera, no es un secreto cuál es la forma en la que se podría aumentar la velocidad de navegación por Internet. Así como se podría agilizar el tránsito en la Panamericana abriendo nuevos carriles, para el caso de Internet es necesario también que se amplíe la infraestructura por la que circula la información que descargamos. Lamentablemente, en la práctica, esto es una tarea difícil, pues existen varias barreras que lo impiden o lo desincentivan.
Para empezar, muchas municipalidades son reacias a otorgar los permisos necesarios para renovar el cableado o para instalar nuevas antenas. El primer caso es un problema viejo, que de hecho llevó a que en el 2007 se emitiera una norma que simplificaba estos trámites. No obstante, numerosos gobiernos locales siguen exigiendo requisitos fuera de la ley, cobrando tasas prohibidas o demorando los procedimientos, lo que impide la instalación de nuevo cableado (hechos que están bien documentados en las numerosas denuncias que se presentan todos los años en el Indecopi y en los informes de la comisión encargada de elaborar el plan nacional para el desarrollo de la banda ancha). Y en algunos casos, además, hay municipalidades que simplemente han decidido prohibir la instalación de cableado aéreo por un tema de ornato.
Las negativas municipales para la instalación de antenas es un problema aun más complicado. En varias comunas los alcaldes simplemente se niegan a que se instale más de esta infraestructura, a raíz de los reclamos de los vecinos que creen que sus radiaciones producen cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, no existe evidencia concluyente de que ellas puedan significar un riesgo de este tipo, por lo que una prohibición como la que se impone en diversos distritos resulta absurda, especialmente teniendo en cuenta el costo que supone.
Paralelamente, también sucede que el reglamento de construcciones no tiene las disposiciones más adecuadas para facilitar el desarrollo de infraestructura. En muchas edificaciones no se prevé que el servicio de Internet pueda ser brindado por más de un operador y, en consecuencia, no se construyen ductos con suficiente amplitud como para albergar cableado de más de un competidor. Eso, a la larga, lleva a que los usuarios que viven en el edificio se conviertan en clientes cautivos de un solo proveedor y que no puedan acceder a los servicios de otra empresa que quiera ofrecer mayor velocidad.
Finalmente, tenemos el tema de la piratería. Según la ONG Contribuyentes por Respeto, casi la cuarta parte de los usuarios de Internet del país obtendría Internet de individuos que piratean a los proveedores y que venden el servicio más barato. Eso significa dos cosas. Por un lado, que la infraestructura es saturada por gente que no paga por su costo. Por otro, que las empresas de telecomunicaciones ven disminuida su rentabilidad, lo que reduce también sus incentivos para poner más cables y antenas.
Como se ve, hay mucho por hacer. Es cierto que las empresas deben competir aun más fuerte por mejorar sus servicios, ser más transparentes con su oferta (pues también es cierto que hay quejas de usuarios de que no cumplen con los estándares mínimos prometidos), así como encontrar vías para superar los obstáculos que enfrenta la inversión. Pero, además, el Estado debe facilitar que el Indecopi sancione a los municipios que impiden el desarrollo de redes. Tiene que cambiar el reglamento de edificaciones para que no ocurran los problemas mencionados. Y debe establecer sanciones para los piratas. De lo contrario, cada año Internet se parecerá más al escenario que enfrentamos cuando regresamos un domingo a hora punta por la Panamericana.
