El día de hoy, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Servicios Postales del Perú (Serpost), anunciaron que conformarán un grupo de trabajo multisectorial, con el propósito de realizar la revisión y análisis de la normativa vigente sobre materia postal. Según el anuncio publicado, algunos de sus objetivos serán optimizar la prestación del servicio y proponer recomendaciones para la modernización del operador designado nacional.
“El aislamiento social obligatorio, a raíz del Covid-19, ha evidenciado la necesidad de apostar más por las opciones tecnológicas y la idea es que Serpost dé un giro a favor del comercio electrónico”, sostuvo José Aguilar, Director General de Políticas y Regulación de Comunicaciones.
Al parecer se apunta a actualizar el marco normativo que rige el servicio postal, el cual data de 1991. En ese sentido, el MTC señala que «se requiere modernizar la infraestructura, que está diseñada para correspondencia y el servicio ha migrado a paquetería». Asimismo, el comunicado señala que, de acuerdo a la evaluación realizada, «es fundamental reforzar la sostenibilidad operativa y fortalecer la situación financiera de la empresa responsable de prestar el servicio postal a nombre del Estado.»
“Existe la necesidad de impulsar el comercio electrónico en beneficio de todos los ciudadanos. La base logística y operativa se encuentra en Serpost”, indicó Aguilar Reátegui.
El grupo de trabajo multisectorial se instalará en el plazo máximo de cinco días hábiles, y al término de 45 días hábiles, debe presentar un informe final al titular del MTC con las recomendaciones propuestas para la consecución de los objetivos planteados en la resolución ministerial.
El mencionado equipo está conformado por un representante del MTC, quien lo preside; un representante del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE); un representante del Ministerio de la Producción; y un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Además, se señala que el grupo de trabajo puede convocar a instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil o profesionales especializados en la materia, nacionales o internacionales, cuya participación se estime necesaria para la consecución de sus objetivos, sin que ello genere gastos al tesoro público.
