La Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó la semana pasada elevar la velocidad mínima garantizada de los servicios de internet que se contraten al 70%, respecto del actual 40%. Al respecto, la GSMA, organización de operadores móviles y compañías relacionadas, señala que «un parámetro tan rígido no es posible desde el punto de vista técnico, pues en los servicios de conectividad convergen diversos factores sobre los cuales no tienen control los operadores.» Asimismo, la GAMS considera que «al incrementar las exigencias legales para brindar internet, la medida podría generar un efecto opuesto al buscado, limitando el acceso a los servicios por parte de los peruanos, lo que sería aún más perjudicial en la situación de confinamiento actual.»
«La conectividad móvil es una cadena con múltiples eslabones, en la que proveedores externos contribuyen al servicio final que recibe el usuario: desde el suministro eléctrico, hasta los servidores que alojan los servicios en la nube distribuidos en todos los rincones del mundo y operados por diversas entidades. La calidad de las comunicaciones móviles se ve afectada también por cuestiones de entorno, como la demanda de tráfico por parte de los usuarios en diferentes horas del día; factores geográficos y edilicios que interponen obstáculos entre antenas y terminales; y fenómenos meteorológicos como la lluvia», señala la GSMA.
Según la asociación la exigencia legal de garantizar una velocidad mínima de internet al 70% representa nueva barrera a la expansión de servicios móviles, que se suma a las ya existentes, como las trabas municipales para la instalación de infraestructura, y las dificultades geográficas y mayores costos de despliegue y operación en zonas remotas. «Al no contemplar las características particulares de la tecnología que regula, la disposición corre el riesgo de limitar el acceso a los servicios, acotándolos a entornos determinados y profundizando las desigualdades entre zonas urbanas y rurales.», agrega.
Finalmente, la GSMA considera buena la intención de las autoridades peruanas de promover la calidad y la transparencia en los servicios móviles, y se pone a disposición para revisar la medida en consulta con la industria con el fin de encontrar los mejores mecanismos para expandir los beneficios de la conectividad.
